A un año de la falla estructural de la llamada “Línea Dorada” del metro de la Ciudad de México, que provocó la muerte de 26 personas y cientos de heridos, no se tienen culpables ni detenidos por la negligencia que envuelve la construcción y funcionamiento de la línea. A más de un año sin respuesta satisfactoria por parte de las autoridades de gobierno de la CDMX, es la clase trabajadora quien más sufre los estragos del colapso de la línea, ya que los índices de violencia y criminalidad se han incrementado a raíz de la marginalidad que implica el odiseico traslado tanto en el transporte público y privado.

La alcaldía Tláhuac únicamente cuenta con dos avenidas que permiten el desplazamiento al resto de la ciudad, por lo que la presencia del metro desde 2016 permitió a las personas moverse al trabajo, escuelas o simplemente unirse al resto de las actividades citadinas en menores cantidades de tiempo, de forma rápida y económica. Actualmente el mero traslado implica más de dos horas y los gastos han incrementado; los habitantes consideran que Tláhuac es una zona marginada, resaltando además que Iztapalapa y Tláhuac son las dos alcaldías con mayores índices de pobreza, por lo que la línea 12 permitía una mejor conexión con la ciudad.

La exclusión social que se vive desde la pandemia y la ineficiencia del gobierno para solucionarlo, ha pauperizado aún más las condiciones de subsistencia de miles de personas que habitan en Tláhuac, pues desde el desplome del metro no ha sido capaz de integrar al territorio marginado, ni de mejorar la movilidad y acceso a los servicios urbanos. Claudia Sheinbaum, quien es jefa de gobierno de la CDMX y directamente involucrada con la catástrofe, se ha limitado a realizar peritajes sobre errores en la construcción y prometer que dentro de un año la línea volverá a funcionar, sin evidencia concreta de ninguna aseveración.

Hoy la reactivación económica y el regreso a la “normalidad” obligan a la clase trabajadora a tener que salir diariamente ante el aún latente riesgo de contagio a COVID-19, sin garantías de seguridad en salubridad, ni mucho menos de violencia en el transporte, siendo además que el costo no solamente fueron los 26 muertos que incluyeron infancias, sino también la revictimización de quienes día a día se trasladan por Avenida Tláhuac.

Haber dado una remuneración económica a las y los afectados del colapso no implica justicia, los responsables tienen nombre y rostro, es necesario señalarlo: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, las empresas de Carso Infraestructura y Construcción CICSA y Alstom, Enrique Horcasitas, Joel Ortega y Florencia Serranía Soto, MORENA y demás actores de la burguesía. La clase trabajadora de Tláhuac y México no necesitan imputaciones desde la Fiscalía General de la Justicia, sino la vinculación al proceso de todos los involucrados en la negligente construcción no sólo del tramo sino de la línea en su totalidad.

¡Justicia a las víctimas de la línea 12 del metro!

Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México